Perkins Rocha: “A partir del 10-E Maduro estará incurriendo en un agravamiento continuado del delito de usurpación de cargo”

El 10 de enero de 2019 es una fecha que mantiene en vilo a gran parte de la población, pues ese día vence el plazo de legitimidad de origen del actual gobierno de Nicolás Maduro, que comenzó en 2013. La Constitución Bolivariana de Venezuela ordena que en esa fecha tome juramento quien haya sido electo para el próximo período presidencial. Sin embargo, las elecciones de mayo de 2017 estuvieron empañadas por innumerables vicios que comenzaron desde su convocatoria y se prolongaron hasta el final del proceso electoral, por lo que los factores democráticos del país desconocieron esa elección, lo cual se traduce, básicamente, en que Maduro no podría ser juramentado como presidente de la República para el período 2019-2025.

El abogado especialista en Derecho Procesal Penal, ex magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y coordinador ejecutivo del Bloque Constitucional de Venezuela, Perkins Rocha, califica lo que está por venir como una continuidad de  la “usurpación de cargo” por parte de Maduro.

―En líneas generales y didácticas, ¿qué significa el 10 de enero para la institucionalidad democrática en Venezuela?

El 10 de enero es constitucionalmente, de conformidad con el artículo 231, una fecha término para que, de manera fatal; es decir, improrrogable, después de haber transcurrido un periodo presidencial de más de seis años y habiendo ocurrido unas elecciones libres, justas y democráticas, culmine un gobierno nacional y nazca otro. La Constitución vigente, en su artículo 6, establece como uno de los principios fundamentales que modelan en Venezuela su tipo de gobierno, el principio de la alternancia. Ello obliga a que cada seis años se produzca el fenecimiento del gobierno en desarrollo y el nacimiento de uno nuevo. El respeto a la fatalidad de ese lapso, que tiene consecuencias políticas directas en la responsabilidad que implica manejar el gasto y la hacienda pública, de es un valor republicano indiscutible.

 ―¿Por qué hay conflicto respecto a esta fecha?

Porque es evidente la intención de Nicolás Maduro de que a partir de ese día se acepte como válido un nuevo período presidencial en el que él pretende ocupar la magistratura nacional por consecuencia de una seudoelección realizada el 20 de mayo de manera fraudulenta, convocada por un órgano inexistente y espurio como la Asamblea Nacional Constituyente actual, que adicionalmente fue manejada y llevada a cabo de forma desigual, de espaldas a toda reglamentación técnica electoral, por unas autoridades politizadas a favor del régimen, como el Consejo Nacional Electoral (CNE).

―Pero nada de eso parece importar a quienes detentan el poder, aun en esas condiciones hubo elecciones presidenciales y se preparan para un nuevo período bajo juramento en “plenipotenciaria” ANC…

El próximo 10 de enero Venezuela volverá a amanecer, por tercera vez en dos años, sin presidente formalmente. Por ello es que desde el Bloque Constitucional hemos afirmado públicamente que en Venezuela existe un vacío constitucional en la Presidencia de la República que arrancó el 9 de enero de 2017 cuando la Asamblea Nacional, órgano legítimo, autónomo y soberanamente electo por los venezolanos en diciembre de 2015, declaró mediante acuerdo “el abandono de cargo por parte de Nicolás Maduro Moros”; se ratificó en fecha 17 de abril de 2018 cuando la misma Asamblea Nacional decidió mediante acuerdo autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro por considerar que “existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción” se le siguió por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados y juramentados por esta Asamblea Nacional, quedando activados los efectos de la suspensión de su cargo de presidente y su consecuente inhabilitación política –de conformidad con el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal–.

Todo lo anterior se consolidó definitivamente cuando el 16 de agosto de 2018 ocurrió una nueva inhabilitación, en este caso sobrevenida por efecto de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de Justicia que lo condenó a pena de prisión por la comisión de los delitos de corrupción y legitimación de capitales debido a su participación en la red de sobornos y corrupción de la empresa Odebrecht, empresa brasileña dedicada al delito económico transnacional.

―Teniendo esto en cuenta, ¿cómo calificaría el nuevo período presidencial que está por comenzar a partir de 10 de enero?


― Podemos afirmar que el próximo 10 de enero del año 2019 si Nicolás Maduro decide continuar ejerciendo de hecho (porque nunca serán de Derecho) actos administrativos y de gobierno posterior a esa fecha estará incurriendo en un agravamiento continuado del delito de usurpación de cargo y funciones, castigado como traición a la patria en nuestra legislación penal nacional.

―¿Qué acciones deberían tomar los factores democráticos en la AN a raíz de la proclamación de Maduro ante la ANC a sabiendas que no va a prosperar un llamado a nuevas elecciones presidenciales que garanticen una participación plural? Más allá de exhortos, acuerdos, etcétera, ¿qué indica la legislación que debería hacerse?

Los factores democráticos que hacen vida en la Asamblea Nacional deben convocar y comprometer a toda la sociedad venezolana, a todos los ciudadanos civiles, militares, seglares y religiosos, a hacer valer de manera creativa, activa y contundente el derecho consagrado a favor de los ciudadanos, la libertad y el orden republicano en los artículos 333 y 350 constitucionales; primero, entendiendo que la Constitución y el orden constitucional en ella implícito ‘no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella’, que el indeclinable deber de todo ciudadano, tenga o no autoridad, de ‘colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia’; por lo que habiendo Maduro y su régimen contrariado con sus actuaciones valores, principios y garantías democráticas que han sido fundamentales en nuestra historia republicana, es nuestro deber ético, moral, ciudadano y republicano desconocer tanto el régimen que se implante después del 10 de enero de 2019 en Venezuela como la autoridad que pretenda encarnar y tener la voluntad política y social de suplantarlo para establecer la vigencia de la Constitución.

―¿Qué implicaciones tendrá para el país esta nueva etapa presidencial que se aproxima con Maduro en el poder hasta 2025?

―Presagio un progresivo y continuo aislamiento internacional de Venezuela con graves consecuencias de asistencia básica para el ciudadano; la firma de Maduro o de cualquiera de sus funcionarios será desconocida en las naciones democráticas como prueba de aceptación de cualquier compromiso público de la hacienda nacional, imposibilitándosele con ello la obtención de recursos financieros o económicos así como el reconocimiento comercial para vender la poca producción de hidrocarburos que aún se pueda explotar; en consecuencia, se intensificará la crisis humanitaria que hoy existe en la población; de diáspora en el extranjero pasaremos a que la población se movilizará en un éxodo internacional de enormes proporciones; y la anarquía, represión y violencia cundirá las calles de las principales ciudades del país.   

¿Qué debería hacer la comunidad internacional a partir de esa fecha, no solo los organismos internacionales, sino principalmente los Estados. Están ante un dilema diplomático?

―Si los Estados democráticos pretenden ser coherentes con sus declaratorias públicas en las que han calificado al régimen venezolano de forajido por incumplir los tratados internacionales de derechos humanos lo propio sería retirar su representación diplomática  de Venezuela; en una primera etapa mantener solo la actividad consular y los encargados de negocios; no suscribir nuevos acuerdos comerciales y vigilar irrestrictamente sin consideración alguna el cumplimiento de los que ya se han suscrito en la medida que representen beneficios directos para la población venezolana en rubros como alimentación y medicamentos. Pero además, deben dar cobijo (sanitario y alimentario) a los millones de venezolanos que se movilizan más allá de las fronteras, permitiéndoles regresar al país en mejor estado emocional, social y principalmente cívico que permita generar las condiciones para conducir con organización, compromiso y coraje la recuperación del orden constitucional y los valores democráticos que han inspirado la forma jurídica de la nación y sus bases republicanas.

―¿Qué impacto tendría que bloques como el Grupo de Lima y la Unión Europea estén evaluando acciones a partir del 10 de enero?

―La convicción internacional de que en Venezuela actualmente no existen las condiciones institucionales para lograr cambios favorables a la terrible realidad socioeconómica que existe, que las vías electorales y de diálogos y acuerdos están temporalmente clausuradas, y que el grado de deterioro que hoy presenta la crisis humanitaria venezolana es difícilmente reversible, si no se toman medidas drásticas que comiencen a resolver el sufrimiento de la población.

―Usted como ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué consideración en particular tiene respecto a esta situación?―Deseo ser protagonista del futuro de mi país. Me he preparado durante años para ese momento como muchos venezolanos que conozco, somos muchos los que estamos dispuestos a sacrificar espacios de comodidad por recuperar para nuestros hijos los espacios que nuestros padres y ancestros nos legaron. Estoy seguro de que lo podremos reconstruir, institucionalmente, porque conozco la fibra moral del venezolano y sé por eso que la justicia resplandecerá, esta vez, para definitivamente quedarse.

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