Política Internacional dentro del proceso de transición a la democracia de Venezuela

Román J. Duque Corredor

  • El cambio político de la dictadura a la democracia en Venezuela ha sido juridificado, en base al derecho de vivir  en democracia, que es un postulado del  sistema interamericano y del orden internacional,  porque  la  democracia es garantía indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, según el Preámbulo y los  artículos 1ºy  2º, de la Carta Democrática Interamericana; y en atención   a la declaración  contenida en el artículo 3, literal “d”,  de la Carta de la OEA.
  • Por esto, el restablecimiento de la gobernabilidad democrática  es  un derecho irrenunciable de los pueblos y una obligación de los poderes legítimos de los estados.  Y  para cuyo restablecimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17, de la citada Carta, es materia de la asistencia internacional, cuando está en riesgo un proceso político democrático, o cuando ha sido alterado o roto.
  • En Venezuela, dada la inexistencia de un Estado de derecho democrático,  el medio de ejercicio del derecho de vivir en democracia,    es el previsto en el artículo  333, constitucional, de restablecimiento de la vigencia de la Constitución, puesto que ha sido derogada por la usurpación de un gobierno de facto,  
  • Para materializar ese medio, la Asamblea Nacional, aprobó, el 5 de febrero de 2019,  con base en la aplicación directa del referido artículo, el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer  la vigencia de la Constitución.
  • Dicho artículo 333, es una  clausula  abierta para resolver la inexistencia de la institucionalidad del Estado de derecho democrático, que permite al poder legislativo legítimo establecer un régimen constitucional transitorio para el cambio político de la dictadura a la democracia, que incluye la liberación del régimen autocrático, la designación de un Presidente encargado, la conformación de un Gobierno provisorio de unidad nacional y la celebración de elecciones libres.
  • Ello con el propósito de restablecer el orden constitucional inexistente, el rescate de la soberanía nacional y la reversión de la emergencia humanitaria compleja, con el fin superior de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos.
  • Este sistema se nutre no solo de los derechos y garantías previstas en la Constitución, sino también, e incluso preferentemente, del derecho internacional de protección de los derechos humanos y de los estándares internacionales del orden democrático derivado de los tratados y convenios que obliga a los estados a garantizar la democracia.
  •   El derecho internacional democrático y de derechos humanos,  es hoy inexistente en Venezuela con la denuncia, por parte del gobierno,  de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos,; y por el desconocimiento de la obligatoriedad de  la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obligan  a los Estados a  «adoptar medidas»,  hasta el máximo de los recursos de que dispongan,  para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, para evitar situaciones de emergencia humanitaria.
  • Asimismo,  el rescate de la soberanía nacional territorial, es otro de los propósitos del referido Estatuto.
  • Por lo expuesto, en el Estatuto de la Transición Democrática, se contemplan principios y lineamientos para la reinserción del Estado venezolano en el sistema internacional del orden democrático y de protección de los derechos humanos, cuya conjugación constituyen una política internacional dentro del  proceso de transición hacia la democracia.
  • Un primer lineamiento, es lograr el reconocimiento,  por gobiernos extranjeros, de la Presidencia encargada, por el diputado Juan Guaido, como Presidente de la Asamblea Nacional, en razón de la inexistencia de un presidente electo para el 10 de enero de 2019, cuando comenzaba  un nuevo período constitucional, dada la invalidez de la elección de Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2018.   Lo cual se ha logrado por parte de más de 60 gobiernos extranjeros.
  •  Un segundo lineamiento, es la defensa de los derechos del pueblo y del Estado venezolanos ante la comunidad internacional, a los fines de asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado en el extranjero, conforme los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Por ello, se autoriza al Presidente encargado para designar juntas ad hoc en los entes del Estado constituidos en el extranjero, lo que autorizó la Asamblea Nacional en Acuerdos de fechas 12 de febrero y 9 de abril, de este año.
  • Un tercer lineamiento, es la promoción de la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano ante los organismos internacionales, como la OEA, la ONU y sus organismos principales y funcionales, como Consejo de Seguridad, Consejo Económico  y Social,  ACNUR, ONU-Mujeres, OIT, OMS, Consejo de Derechos Humanos y Altos Comisionados para Refugiados, para los Derechos Humanos y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  Así la Asamblea Nacional, en Acuerdo de fecha 2 de abril, del presente año, declaró como terrorismo de Estado la existencia de grupos paramilitares, denominados “colectivos” y aprobó remitir a la OEA  y al Secretario General Adjunto de la ONU, encargado de la Oficina de la Lucha contra el Terrorismo,  para que ambas instancias internacionales consideren la declaración de estos grupos como terroristas con las consecuencias que ello implica.  Y,  enviar  el expediente de la investigación a la Corte Penal Internacional, a fin de que sean considerados estos hechos y se establezca la responsabilidad penal del usurpador Nicolás Maduro y sus cómplices en la ejecución de estos delitos.
  • Un cuarto  lineamiento, atiende a la representación legal  y judicial de la República, mediante la designación por el Presidente encargado de un Procurador Especial, y de apoderados especiales, por éste, para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado en el extranjero. Lo cual fue autorizado por la Asamblea Nacional en Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2019.
  • Un quinto  lineamiento, es la creación de jefaturas de misiones diplomáticas  permanentes, por el Presidente encargado. Lo cual acordó la Asamblea Nacional al autorizar la designación del  representante permanente ante la OEA y de jefes de misiones diplomáticas ante los   gobiernos de  Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Brasil, Guatemala, Paraguay, España, Alemania, Francia, Portugal, Malta, Suecia, Austria, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Rumania, Andorra,  Holanda, República Checa, Hungría, Bulgaria, Polonia, Marruecos y el Reino Unido.
  • Un sexto  lineamiento, es la promoción de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos y de actividades ilícitas de corrupción y de lavado de capitales, ante organismos extranjeros e internacionales, para asegurar la recuperación de los capitales derivados de estas actividades ilícitas. Lo cual hizo la Asamblea Nacional mediante Acuerdo  de fecha 15 de enero de 2019.
  • Un séptimo lineamiento, es la promoción de mecanismos de cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria y la crisis de refugiados y migrantes, de conformidad con el derecho internacional humanitario.  Lo cual aprobó la Asamblea Nacional en Acuerdo de fecha 19 de febrero de este año,  por el que autorizó al ingreso al país de  la ayuda humanitaria
  • Un octavo  lineamiento, es la adopción de medidas y acciones que permitan el rescate de la soberanía nación. Así, por ejemplo, en fecha 16 de abril, la Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo en Rechazo a la demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana  contra la reclamación de Venezuela del Territorio Esequibo y de elevar a  la Corte Internacional de Justicia  el rechazo a su  jurisdicción para conocer de tal reclamación.
  • Un  noveno  lineamiento es la articulación, por parte de la Asamblea Nacional, de una política de inserción del Estado venezolano en el concierto de las Naciones libres, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Carta de la ONU y demás instrumentos internacionales, en especial los relativos a los derechos humanos.  Para lo cual la Asamblea Nacional acordó, en fecha 22 de enero, de este año, ratificar la adhesión de Venezuela a la Carta  de la OEA y, en fecha 5 de febrero, apoyar al Grupo de Lima. 
  • Un décimo  lineamiento, es la de la cooperación internacional financiera internacional de organismos multilaterales, a los fines de consolidar la transición económica  del rescate de la economía nacional y la reversión de la emergencia humanitaria.
  • Y, un undécimo lineamiento, es la de solicitar la presencia permanente de organismos internacionales especializados en garantía y defensa de los derechos humanos, a los fines de acompañar el proceso de transición democrática y de informar a la comunidad internacional de dichos derechos en Venezuela. Este lineamiento, es de importancia, entre otras razones, porque el Estatuto de Transición contempla amnistías y un sistema de justicia transicional, en cuya implementación y ejecución, la asesoría internacional es determinante para evitar la impunidad ante los delitos de lesa humanidad y de corrupción grave, que el orden internacional proscribe.

Como conclusión, puede asentarse,  que el Estatuto de Transición Democrática, de la Asamblea Nacional, del 5 de enero de 2029, constituye un hecho inédito,  para el derecho internacional y para el derecho constitucional, al haber  incluido  una política internacional como un medio para el cambio político de la dictadura a la democracia.

Caracas, 19 de abril de 2019

One comment
  1. Haidee Hernández Arcay

    Este documento constituye la base de gestión, hacia la democracia en Venezuela, de trascendencia nacional e internacional.Se desglosan jurídicamente todos los aspectos acordados por la Asamblea Nacional.Vaya nuestro reconocimiento al eminente Jurista Dr Román José Duque Corredor, autor de este excelente Documento.

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