22 mayo, 2019

¿Qué pasó con el derecho de acceso a la justicia en Venezuela?

El artículo 26 de la Constitución de 1999 dispone que: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente .El Estado garantizará una justicia accesible, imparcial, transparente…”

Es a través del acceso a la justicia como se lograrían hacer efectivos todos los demás derechos humanos consagrados en la Constitución, por cuanto cuando ocurre su vulneración es al Poder Judicial al cual corresponde declararla y hacer que se restablezca su efectividad y disfrute. Son los jueces entonces quienes deben tutelarlos en la normal actividad que desarrollan como directores del proceso.

Por el contrario, en Venezuela vivimos la era de los jueces dictadores del proceso. En eso se han convertido cuando solo, por dar un ejemplo, irrumpen salvajemente pretendiendo despojar a los diputados de la Asamblea Nacional, único Poder Público legítimo en el país, para generar zozobra en una población que ya ha entendido que en ese rol no garantizan derechos ni permiten acceso alguno a la justicia, más bien, aplastaron esos derechos y cerraron el único camino mediante el cual hubiesen podido salvar nuestra democracia.

One comment
  1. Jorge Luis Mogollón M.

    Actualmente estoy ejerciendo un control difuso contra el artículo 133.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por inconstitucional.
    en efecto, dicho art. prevé como causal de inadmisibilidad de la demanda intentada ante la Sala Constituconal, cuando sea manifiesta la falta de representación del abogado, o falta de legitimidad del reclamante, y cuando el apoderado no consigna el poder autentico, en copia certificada, se declara inadmisible la demanda, sin tomar en cuenta que la norma prevé; que sea Manifiesta la falta de representación, cuando la Sentencia recurrida establece quienes son los apoderados, y si el recurrente apoderado aparece como Parte Formal, es Manifiesta su representación, ya que para los Magistrados lo importante es la designación del cliente, cuando es más importante la autoridad que emana de la Ley de Abogados para que el Profesional del Derecho pueda representar a alguien. con lo cual se convierte en una antinomia la causal «3», cuestionada, con el gravísimo error de que el art. 26 de la Constitución autoriza el acceso a la jurisdicción, y una norma legal, no debe negar lo que el mandato Constitucional confiere.

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