Plan de Reforma Integral para la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia

Lograr la independencia del sistema, es la esencia que le permite garantizar la libertad.

Tenemos que pasar de la concepción filosófica y sus fundamentos a conjugarlos con la acción, y ello pasa por saber y determinar la justa medida que permita la coexistencia con los poderes legislativo y ejecutivo en un equilibrio perfecto. El exceso de cualquiera de ellos sobre el judicial lleva al despotismo. Es lo que en grado extremo padecemos y vivimos.

En atención a los elementos descritos en el artículo 253, aparte último, de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el sistema de justicia está integrado por instituciones y personas que, en un régimen democrático, buscan contribuir a la vigencia de la Constitución, al logro de la seguridad jurídica, la protección de los derechos fundamentales y la paz social a través de procesos, decisiones y acciones coherentes con los fines involucrados al servicio de todos los que se encuentran sujetos a las normas del país. Su concepción es el de un sistema de justicia integrado sobre la base de la autonomía de las instituciones que lo conforman, y sea accesible y confiable para el usuario, independiente, eficiente y garante de los derechos humanos.

La falta de idoneidad de los jueces y su deslegitimación por formar parte de un modelo de justicia ideológica justifican el cambio del sistema de justicia. Para que eso se haga realidad este cambio debe comprender aspectos referentes al Tribunal Supremo de Justicia, a las competencias del Pleno del Alto Tribunal en lo referente al gobierno y administración del Poder Judicial, las competencias de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la inspección y vigilancia que debe realizar sobre los tribunales de la República, las defensorías públicas, la descentralización, la organización de los jurados de los circuitos judiciales, la participación de los ciudadanos en el Sistema de Justicia y el tema presupuestario de todo el Poder Judicial.

Habrá que reorganizar también las relaciones entre los distintos órganos y personas que integran el sistema de justicia y su coordinación necesaria y una red de gestión eficiente para alcanzar la justicia. Es decir, revisar la Ley de este Sistema (Gaceta Oficial 39276 del 01/10/2009) de manera de garantizar la participación de sus componentes y su integración en la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, así como prever una veeduría judicial que garantice la efectividad de la participación protagónica del pueblo en la selección de los funcionarios judiciales, en la rendición de cuentas, en los procesos de consultas y del derecho de acceso a la información. Al igual que se requiere retomar la carrera judicial, la organización de jurados por circuitos judiciales, la jurisdicción disciplinaria judicial y los derechos de los ciudadanos de acceso a la justicia y de información sobre la organización, funcionamiento y actividades del sistema de justicia, el sistema penitenciario y la revisión de las leyes procesales que requieran su adaptación a los principios constitucionales para garantizar los derechos humanos en todos los procesos y, por supuesto, la participación ciudadana cuando esté de por medio el interés público y precisar el ámbito de este concepto para evitar interferencias externas en los procesos judiciales.

El modelo de jurisdicción constitucional ha funcionado hasta el presente, cuya Sala ha sido últimamente factor determinante de la consolidación de un gobierno despótico. Por ello, la reinstitucionalización del sistema de justicia, al lograrse un cambio de régimen, ha de prever la urgencia de una Ley de Jurisdicción Constitucional que acabe con el presente régimen jurisprudencial y legal que rige en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y que sea el verdadero intérprete supremo de la Constitución y esté sujeta a ella.

¿Qué debe lograrse con el cambio en el sistema de justicia?

  • El proyecto ha precisado hacia dónde debe dirigirse la reinstitucionalización del sistema de justicia, y qué se lograría con su funcionamiento acorde con los criterios constitucionales:
  • La reconstrucción de la institucionalidad del Estado de Derecho para garantía de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo
  • Establecer la carrera judicial y las garantías procedimentales de la estabilidad de los jueces
  • Participación efectiva del gremio de los abogados y de los ciudadanos en el sistema de justicia.
  • Otorgar seguridad jurídica para la protección de las libertades y derechos humanos
  • Realización de procesos judiciales transparentes.
  • Eliminación del terrorismo judicial y de un Ministerio Público partidizado
  • Desmilitarización de la administración pública
  • Respeto a los derechos humanos de reunión y manifestación, de libertad de información, de libertad económica y de propiedad privada
  • Liberación de los presos de conciencia
  • Reingreso al sistema interamericano de los derechos humanos
  • Despolitización de las Fuerzas Armadas y sujeción al poder civil
  • Integración de la jurisdicción militar al sistema de justicia
  • Deslinde entre la función jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia y la función de gobierno y administración del Poder Judicial

Componentes a ponderar para la reinstitucionalización del sistema de justicia

Los componentes del Sistema de Justicia que permitirían abordar su Reinstitucionalización son fundamentalmente:

EL COMPONENTE ORGANIZATIVO:

Constituye el aspecto funcional y operativo del sistema, atendiendo a las áreas de supervisión, dirección y control de la organización de los tribunales y la gestión administrativa de los mecanismos de justicia.

EL COMPONENTE HUMANO:

Comprende la actitud y la conducta de los sujetos que obran internamente en el sistema: los jueces, los funcionarios judiciales, los defensores públicos, los asistentes judiciales, abogados y responsables por su funcionamiento y los ciudadanos. Pero también la remuneración, asistencia, prevención y seguridad del personal.

EL COMPONENTE MATERIAL:

Referido a la economía del sistema (recursos presupuestarios, ordinarios y extraordinarios). Comprende la infraestructura de las instalaciones o la planta judicial, el soporte logístico y de informática para su modernización. Es decir, la existencia de un verdadero presupuesto.

EL COMPONENTE NORMATIVO:

Integrado por el conjunto de leyes sustantivas y procesales, e incluso de reformas constitucionales. En particular resulta urgente la reforma y dictación de las leyes que se refieren a la administración de Justicia. Una Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante el Sistema de Justicia sería un elemento básico para garantía del derecho de acceso a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, como lo exige el artículo 26 constitucional. Considerar en este el derecho a la información sobre la organización, funcionamiento y servicios del sistema de justicia.

EL COMPONENTE DE COORDINACIÓN:

Que si bien es externo, sin embargo es necesario, un ente coordinador puesto que el sistema lo constituyen órganos diversos cuyas actividades surten efectos sobre aquél, tales como: el Ministerio Público (Fiscalía General de la República), el sistema penitenciario, cuerpos de policía científica, penal y criminológica, notarías y registros, medios alternos de resolución de conflictos, descentralización municipal, Universidades (facultades de Derecho), Colegios de Abogados y los ciudadanos.

Contenido fundamental del proyecto de Reinstitucionalización

Las áreas de trabajo para implantar el plan de reinstitucionalización comprenden:

  • Al Tribunal Supremo de Justicia y en particular la Sala Constitucional
  • Carrera judicial y gobierno judicial (concursos y evaluación por jurados independientes)
  • Procesos penales y sistema penitenciario
  • Ministerio Público y Defensa Pública
  • Justicia Militar sin dependencia del Ministerio de la Defensa y con jueces profesionales
  • Protección de Derechos Humanos y respeto del Derecho Internacional en esta materia
  • Reinserción de Venezuela en la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
  • Municipalización de la justicia
  • Universidad de estudios
  • Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia. Veeduría Judicial
  • Acceso a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos

 

La reinstitucionalización del sistema de justicia ha de comprender entre sus temas fundamentales el acceso a la justicia, la ética y trasparencia judicial, la modernización de los despachos y servicios tribunalicios, la informática judicial, la carrera judicial y del funcionariado de los servicios de administración de justicia, el gobierno, administración y presupuesto del Poder Judicial, los medios alternos de resolución de conflictos, la participación ciudadana o veeduría judicial y la descentralización de la administración de la justicia.

Tal plan debe ser el fruto de un acuerdo nacional y de un proceso participativo que correspondería a una Comisión de la Reforma Integral del Sistema de Justicia, creada mediante ley por la Asamblea Nacional, conforme su competencia de legislar sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Público que se le atribuye en el numeral 1 del artículo 187 de la Constitución vigente. Igualmente, la elaboración del Plan de Reforma Integral para la Reinstitucionalización del Sistema de Justicia podría contar con el asesoramiento del Centro de Estudios Judiciales de las Américas de la OEA, el cual ha asesorado y asistido a varios Estados en sus reformas judiciales.

Por supuesto, que somos conscientes de lo grave de la situación política de Venezuela, con un gobierno dictatorial que cuenta con el sustento del Tribunal Supremo de Justicia, y en el presente con el respaldo de una Asamblea Constituyente que no solo ha asumido funciones que corresponden al Poder Legislativo, Electoral, Ejecutivo y Ciudadano, sino incluso a través de una Comisión de la Verdad y de leyes discriminatorias de la población disidente, como la llamada Ley contra el Odio con el propósito de establecer un sistema de justicia propio de una Justicia ideológica.

Tal situación evidentemente hace ver la propuesta de este proyecto de reinstitucionalización como idílica y utópica, pero los venezolanos sabemos que el camino a la libertad es largo, en palabras de Nelson Mandela, pero llega, por lo que para cuando se emprenda la reconstrucción de la Venezuela perdida ofrecemos esta propuesta que permita ir consolidando los valores democráticos que esa meta libertaria representa, uno de las cuales, sin duda, es tener una República con un verdadero sistema de justicia independiente y democrático que sustituya el ideológico.

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