“SIN JUSTICIA NO PUEDE HABER DEMOCRACIA” – RAFAEL BADELL MADRID

Es difícil, si no imposible, precisar cuándo ocurrirá un cambio en los destinos políticos del país; sin embargo, los hechos que se han desarrollado desde enero de 2019 permiten inferir que en Venezuela se vislumbra una transición a la democracia. En ese sentido, la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Estatuto que rige la Transición para la Defensa y el Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución de la República, un marco legal que busca la gobernabilidad y el rescate de los poderes públicos durante el proceso de transición política. Para entender el contenido de este texto, sus implicaciones y consecuencias, el Bloque Constitucional consultó al abogado, docente universitario e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Rafael Badell Madrid

―¿De qué se trata el Estatuto para la Transición Democrática?

―El Estatuto es un acto normativo dictado por la Asamblea Nacional en ejecución directa e inmediata de la Constitución, y con fundamento en los artículos 7 y 333 del texto fundamental, que tiene por finalidad regular el proceso de transición democrática de un régimen apartado de la Constitución a un régimen constitucional. En efecto, el Estatuto tiene por objeto poner orden a las acciones que sean necesarias para restituir el orden constitucional y que se desprenden del deber de colaborar para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la carta magna ante los actos que pretenden desconocerla y derogarla (artículo 333 de la CRBV).

―¿Por qué es necesaria una normativa de este tipo para regir la transición?

―En Venezuela se ha roto el orden constitucional, por lo que es necesario llevar adelante la llamada legislación especial, de emergencia o de resistencia en ejecución directa de la Constitución. En efecto, los estados de violación grave y sistemática de la Constitución deben ser combatidos con toda efectividad a través del derecho de la emergencia para que no se conviertan en definitivos. La Asamblea Nacional ha dictado un marco normativo cuyo objeto principal es regir el proceso de restablecimiento del orden constitucional en virtud de la ruptura del estado constitucional y de Derecho en Venezuela que se ha ido produciendo desde 1999 y que ha llevado a que el presidente de la República, la Asamblea Nacional Constituyente, el Ministerio Público, el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y  el Consejo Nacional Electoral, entre otros, actúen por la vías de hecho y en violación directa y en desconocimiento de la Constitución y del régimen de competencias y de garantías y libertades que ella contempla; así como de la grave violación de los derechos humanos por parte de los órganos de seguridad del Estado y de grupos colectivos paramilitares que actúan bajo su amparo.

―¿Cuáles considera son los aspectos más relevantes que prevé el Estatuto?

―Con el objeto de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución en el Estatuto se distinguen las etapas o fases para la transición democrática, estas son: (i) la liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela; (ii) la conformación de un gobierno de transición; y (iii) la celebración de elecciones. La primera etapa está destinada al cese de la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro “o por cualquiera otros funcionarios o personeros del régimen de facto” (artículo 12). Para ello, el Estatuto declara la nulidad de todos los actos del poder usurpado a partir del 10 de enero de 2019 (artículo 10) con fundamento en el artículo 138 de la Constitución. En ese sentido, el Estatuto establece también el cese del deber de obediencia a la autoridad usurpada por parte de cualquier ciudadano, investido o no de autoridad (artículo 11). Por otra parte, regula la reinstitucionalización de los órganos del Poder Electoral, el Poder Ciudadano y del Poder Judicial (artículos 20 al 24).

Dispone como segunda etapa la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional el cual se encargará temporalmente de la dirección del país y de la ejecución de un plan mínimo de gobernabilidad hasta la adopción de medidas que sean necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas. Por último, la tercera fase consta de la realización de elecciones libres y competitivas que sean convocadas y organizadas por el Poder Electoral bajo todas las garantías establecidas por los estándares nacionales e internacionales de transparencia comicial para la elección de un nuevo presidente, quien ejercerá funciones para el periodo constitucional presidencial 2019-2025.

―¿Cómo puede el Estatuto para la Transición relegitimar los poderes públicos para recuperar la efectividad plena de la Constitución?

―El cuarto capítulo del Estatuto define las competencias de la Asamblea Nacional para renovar y legitimar el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Poder Judicial, y en el marco del artículo 333 de la Constitución establece la facultad de “determinar la oportunidad para efectuar total o parcialmente los trámites necesarios” que “permitan modificar lapsos y requisitos legales con el objeto de recuperar la legitimidad de los Poderes Públicos” (artículo 20 del Estatuto).

En ese sentido, el artículo 21 del Estatuto faculta a la Asamblea Nacional para establecer los mecanismos para que la ciudadanía organizada, mediante las academias, universidades y organizaciones no gubernamentales, postulen de forma pública las ternas de candidatos para ser designados los titulares de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, y de esta forma “se cumplan los extremos establecidos por el artículo 279 de la Constitución”.  El artículo 22 regula la legitimación del Tribunal Supremo de Justicia, señalando que se reconocen como “magistrados legítimos los designados por esta Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución y con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 21 de julio de 2017”. Además, el Estatuto para la transición democrática establece la necesaria designación o ratificación de los rectores del Consejo Nacional Electoral.

―¿Cómo puede el Estatuto para la Transición sentar las bases para iniciar el proceso de reconciliación nacional?

―El Estatuto establece que la Asamblea Nacional dictará leyes que promuevan la transición política atendiendo al desarrollo de un sistema de justicia transicional que incluya medidas para establecer la verdad y promover la reconciliación nacional; así como la creación de una Comisión de la Verdad independiente encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos, proponer los lineamientos políticos y legislativos para la reparación de las víctimas y promover la educación democrática, la cultura de la paz y la reconciliación nacional (artículo 18, numeral 2).

―El texto del Estatuto señala que su contenido se aplicará gradualmente en las distintas etapas de la transición democrática. ¿Cuánto tiempo tomaría esa transición y de qué manera sería esa aplicación progresiva?

―La primera etapa será consumada una vez que cese la usurpación de la Presidencia de la República y de las demás instituciones del Estado, luego de lo cual el presidente de la Asamblea Nacional asumirá por un plazo de 30 días la Presidencia de la República en condición de encargado (en términos análogos al artículo 233 de la Constitución) con el objeto de convocar, si las condiciones técnicas lo permiten, elecciones presidenciales para el periodo 2019―2025.

Para convocar y realizar elecciones confiables, imparciales, transparentes, eficaces, libres, directas, universales y competitivas se requiere de un Poder Electoral autónomo, independiente e imparcial que se encargue de garantizar el respeto de los derechos políticos en cada una de las etapas del proceso, así como un sistema que garantice el acatamiento de los resultados electorales. Por lo que es probable que esto no pueda acometerse en 30 días. Es por ello que el Estatuto plantea una segunda etapa en la cual, por un plazo máximo de 12 meses, habrá un gobierno provisional (de unidad nacional) el cual estará a cargo de un presidente provisional de la República (que podrá ser el presidente encargado ratificado por la Asamblea Nacional) y estará encargado, temporalmente, del mandato y dirección del Estado venezolano, así como la organización y realización de un proceso electoral que sirva para la elección, proclamación, juramentación y posterior toma de posesión de la presidencia de la República para terminar el periodo presidencial 2019―2025.

―¿Considera que debe permitirse la participación del Partido Socialista Unido de Venezuela como fuerza política en las elecciones que organice el nuevo CNE? Hay quienes opinan que eso permitiría la continuidad de los males que se buscan erradicar

―La Constitución propugna como valor superior del ordenamiento jurídico venezolano el pluralismo político (artículo 2) y determina que el gobierno de la República de Venezuela es y será siempre pluralista (artículo 6). Bajo esa concepción, todo proceso electoral, incluido el que se realice para la elección de un nuevo presidente de la República, debe estar ceñido a ese valor superior que implica la libre participación en procesos electorales de las asociaciones con fines políticos, sin tomar en cuenta su ideología política. Si bien este valor fundamental de pluralismo político fue trasgredido desde el primer día de mandato de Hugo Chávez y ha sido violado también por Nicolás Maduro, ello no es motivo para que siga siendo cercenado, por el contrario, debe hacerse valer como principio fundamental del Estado democrático y de derecho.

Sin embargo, no se nos escapa que el PSUV ha sido instrumento de destrucción de esa pluralidad política que debe ahora defender la Asamblea Nacional y el próximo gobierno provisional. En ese sentido, es fundamental que se ejerzan las facultades de control y vigilancia por parte de los órganos electorales sobre los partidos políticos para velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales relativas al régimen de democratización, organización y dirección de las asociaciones con fines políticos (artículo 66, numerales 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales).

―El Estatuto prevé la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional mientras se celebran las elecciones libres. ¿Qué exactamente significa eso? ¿Es un acuerdo de gobernabilidad transitorio entre partidos políticos?

―Los gobiernos de transición tienen como característica común la de configurar un mandato presidencial para la consecución de objetivos estrictamente definidos. En ese sentido, un gobierno transicional o provisional es aquel que está dispuesto temporalmente, en medio de un vacío político, a preparar el camino para un gobierno regular y permanente. De esa forma, los gobiernos provisionales generalmente están conformados por representantes expertos sin relación con un partido político específico y son establecidos con el consentimiento de las principales fuerzas políticas en el país, incluso con la mediación de la comunidad internacional.

El gobierno provisional de unidad nacional que dispone el Estatuto no se aparta de esta definición, pues que en los términos en los que lo determina se entiende su carácter temporal de mandato y dirección del Estado venezolano hasta la organización y celebración de elecciones confiables, imparciales, transparentes, eficaces, libres, directas, universales y competitivas que sirvan para la proclamación, juramentación y posterior toma de posesión de la presidencia de la República para terminar el periodo presidencial 2019―2025 (artículo 25 del Estatuto).

―¿Cómo puede el Estatuto para la Transición ser una ruta legal para restablecer la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país?

El Estatuto es el mecanismo para volver a la Constitución, para regresar al Estado de Derecho y, en ese sentido, para darle vigencia nuevamente al principio de legalidad, de separación de poderes y al control efectivo de las actuaciones de los órganos del poder público, y eso se logra, entre otros medios, a través de la reinstitucionalización de todos los órganos del poder público que han sido usurpados, entre ellos, el Tribunal Supremo de Justicia. De esa forma, el Estatuto establece la facultad de la Asamblea Nacional para renovar y legitimar al Poder Judicial en su máximo tribunal y exige que se reconozcan como “magistrados legítimos” aquellos que fueron designados por la Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución y con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en sesión del 21 de julio de 2017. Asimismo, dispone que la Asamblea Nacional efectuará el trámite de designación o ratificación del resto de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hayan sido designados en legislaturas anteriores al período 2016―2021. Así pues, una vez designados todos los magistrados y provistas todas las magistraturas vacantes, estos deberán incorporarse al máximo órgano jurisdiccional de la República de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

―¿Cómo podría el Estatuto para la Transición Democrática conducir a la recuperación de la economía nacional?

―Una vez restablecido el orden constitucional, la economía podrá recuperarse. En otras palabras, cuando sea restaurada la efectiva vigencia de la Constitución y, en ese sentido, cuando nuevamente sean garantizados los derechos y garantías de índole económica (propiedad privada, libertad económica, libre competencia, favor libertatis, principio de legalidad, principio de subsidiariedad y principio de proporcionalidad) que protege la Constitución y sea respetado el régimen socioeconómico, la economía nacional tendrá un cauce para su recuperación.

Ahora bien, cabe destacar que de forma transitoria el Estatuto establece varias disposiciones relativas a la salvaguarda y recuperación de la economía nacional. En ese sentido, dispone que la Asamblea Nacional tendrá la facultad de dictar leyes para atender la emergencia humanitaria y promover el rescate de la economía, de conformidad con el artículo 299 de la Constitución. Asimismo, el programa que rija al gobierno provisional deberá respetar los principios del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía, los cuales se encuentran principalmente en el artículo 299 de la Constitución. El gobierno provisional, además, estará ceñido en sus actuaciones al necesario trámite de la cooperación financiera internacional de organismos multilaterales, así como de países del mundo libre con la finalidad de iniciar el proceso de transición económica y de proseguir a la reversión de la emergencia humanitaria.

―¿Cuándo se consideraría culminada la transición democrática y restablecido el orden constitucional?

―De conformidad con el Estatuto, cuando sean cumplidas todas y cada una de las etapas para la transición democrática, específicamente, en el momento en que se juramente ante la Asamblea Nacional el nuevo presidente electo mediante elecciones confiables, imparciales, transparentes, eficaces, libres, directas, universales y competitivas, convocadas y organizadas por el Poder Electoral bajo todas las garantías establecidas por los estándares nacionales e internacionales de transparencia comicial para la culminación del periodo presidencial 2019―2025.

―¿Cómo tener democracia con el actual desorden en materia de justicia y en qué etapa de la transición se debe apurar el paso en el tema de justicia?

El tema de la justicia es trascendental para la consecución del Estado constitucional y democrático. En primer lugar, debe utilizarse la justicia constitucional como medio de control de la constitucionalidad y así garantizar la efectiva vigencia y cumplimiento de los preceptos constitucionales (artículos 334 al 336 de la Constitución). Por otra parte, la justicia contenciosa administrativa es fundamental para controlar el ejercicio del poder público (artículo 259 de la Constitución). Por último, la justicia sirve para garantizar el efectivo respeto y protección de los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos (artículos 26, 27 y 257 de la Constitución). Sin justicia no puede haber democracia.

―¿Qué impacto tiene en el ciudadano el Estatuto para la Transición Democrática?

―La aplicación de las disposiciones y medidas que establece el Estatuto demanda una reforma del entorno político actual, del ordenamiento jurídico y de la conformación de las instituciones públicas para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución. En ese sentido, el ciudadano debe, junto con las autoridades y funcionarios públicos, respetar los actos dictados por los órganos del Poder Público para ejecutar los lineamientos establecidos en el Estatuto.

El propósito principal del Estatuto es ofrecer un cauce racional para el proceso de restablecimiento de la vigencia de la Constitución ante la imperiosa necesidad de todos los ciudadanos de volver al Estado democrático y constitucional, de recuperar y reconstruir las instituciones públicas y privadas del país, de detener la violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos por quienes usurpan y abusan del poder público, de garantizar la separación y el control de los poderes públicos, de velar por el uso transparente y constitucional del erario público, de garantizar la participación política y la estabilidad del sistema democrático, de evitar que se imponga indefinidamente un régimen ajeno a los principios, valores y disposiciones constitucionales. Es por ello que el Estatuto tiene una importancia trascendental para todos los ciudadanos venezolanos: volver a la Constitución, volver al “Estado democrático y social de Derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

4 comments
  1. roberto Rabinovich

    El caos actual en que está sumida la república hace inviable cualquier atención de la crisis en que vive la sociedad venezolana. De allí que la caida del actual régimen es inevitable, más tarde o más temprano. Un dicho muy conocido y repetido del habla común dice: » A río revuelto, ganancia de pescadores». Justamente para evitar los «pescadores» que creen posible beneficiarse del caos en favor de pequeñas capillas o bandas es que el Estatuto para la transición democrática establece como ancla la Constitución vigente y establece los pasos indispensables para restablecer la vigencia real del poder sobreano del pueblo venezolano a través del voto. Es la única salida real, breve y eficiente. Así lo establece el Estatuto y lo expresa el Dr. Rafael Badell

  2. Algimiro Delgado

    Este estatuto para la transicion democratica,debe darsele la mayor discucion entre los ciudadanos,porque la mayoria ni siquiera sabe que existen lineamientos legales que establece la misma constitucion para su defensa y restauracion de la democracia,al permitir cambiar los principales cargos de un gobierno democrartico,hoy usurpado por el regimen dictatorial de nicolas maduro..

  3. Oliva Vieites de Polanco

    Todo eso se ve como algo imposible. Pedimos a Dios que se pueda «LOGRAR», quiero soñar que todo
    esto se va realizar con el favor de Dios.

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