2 marzo, 2020

Víctor Rodríguez Cedeño: “El Estado está obligado a proteger a los migrantes dentro y fuera del país”

Víctor Rodríguez Cedeño fue diplomático y representante consejo permanente alterno de Venezuela ante la ONU, además es ex presidente del Comité Ejecutivo del Acnur, sin duda una figura con autoridad y conocimiento para analizar el fenómeno migratorio venezolano, tema sobre el cual dedica varias de sus columnas en el diario El Nacional

—Cuando se habla de los migrantes venezolanos suelen emplearse diversos términos ¿cuáles son correctos o incorrectos, o se trata más bien de diferentes categorías de migrantes?

Los venezolanos se ven en su mayoría huyendo de la violencia, de la crisis humanitaria compleja que vive el país. Huyen para salvar sus vidas su integridad física y la de sus familiares, eso los hace solicitantes de asilo para obtener la categoría de refugiados según las normas internacionales. Otros, sin duda, podrían ser considerados migrantes económicos que huyen por razones personales, no forzados, que son los menos frecuentes. Diáspora es aplicable de acuerdo con el sentido mismo del término para la  migración que se desplaza hacia al exterior.

—¿En su criterio, cuáles han sido las causas de la crisis migratoria venezolana?

La violencia, la represión, la persecución política, las condiciones económicas que en su conjunto se pueden calificar, como lo han hecho los organismos internacionales, en una crisis humanitaria compleja.

¿Cómo definiría la situación de los migrantes venezolanos? En su opinión, ¿cuál es el mayor problema que afrontan?

Venezuela era un país principalmente de acogida. El venezolano no era un emigrante. Las circunstancias nos han colocado en esta situación. No hay experiencias y por lo tanto los venezolanos no conocen sus derechos ni sus deberes y responsabilidades con el país receptor. Un problema difícil es su inserción en las sociedades de acogida. A veces ha sido complejo y ello ha traído prácticas xenófobas, pero no de los gobiernos o autoridades, sino de la misma sociedad de acogida.

—El derecho al asilo está ajustado al Derecho Internacional, pero el mundo no parece muy dado a otorgarlo a los venezolanos que en los tiempos años han salido en masa del país. ¿Por qué cree que ocurre esto? ¿Qué se necesita para que haya más voluntad de los Estados receptores a otorgar esta condición?

Los Estados tienen la obligación de considerar las solicitudes de asilo. Es un derecho humano consagrado en los instrumentos mas importantes de derechos humanos. Los Estados tienen el derecho de aceptar o rechazar las solicitudes, pero ello no puede hacerse arbitrariamente. Algunos gobiernos han sido más restrictivos quizás por el efecto de los flujos masivos en sus cuestiones internas, económicas, sociales y hasta políticas, pues el tema es siempre de debate y no solamente en América Latina, en el mundo y en relación con otros movimientos masivos de personas. Europa es un ejemplo.

Es importante destacar constantemente que uno de los principios rectores, fundamentales de la situación de refugiados y de migrantes en general, es la solidaridad. No se trata de simple caridad. Es que los Estados están obligados a enfrentar en conjunto esta problemática pues es del interés de todos. No es un problema estrictamente venezolano. De allí que hay que insistir ante los gobiernos de los países receptores que tienen una responsabilidad internacional que debemos afrontar todos.

—¿Una vez que los venezolanos salen del país, el Estado venezolano sigue teniendo responsabilidades y deberes con ellos?

Desde luego. El Estado está obligado a protegerlos dentro y fuera del país. El vínculo de la nacionalidad no solo es importante, sino fundamental. Deben asistirles, deben facilitarles sus piezas de identidad, sus trámites notariales etcétera, no pueden abandonarlos pues en definitiva es una responsabilidad. A veces confundimos esta responsabilidad con una figura igualmente importante, la protección diplomática, que distintamente es facultativa. El Estado no está obligado a representar a sus nacionales ante otro Estado por la violación de sus derechos, pero en el primer contexto si lo está. Lamentablemente la población venezolana, la diáspora, está desprotegida.

¿Los tratados internacionales protegen a los migrantes venezolanos?

Todos los instrumentos de derechos humanos protegen a cualquier persona en cualquier parte, donde se encuentren. Pero, además, en nuestro caso debemos destacar todas las normas que regulan la figura del asilo y del refugio de los cuales son parte Venezuela, la mayoría de los países de la región y del mundo. Hay además resoluciones y declaraciones de los órganos de Naciones Unidas que si bien no son vinculantes jurídicamente deben ser observadas por todos los Estados.

¿Qué opina de que el Grupo de Lima se concentre más en los efectos de la crisis migratoria que viven algunos de los países que lo integran que en las causas que la produjeron?

La crisis venezolana no es de nuestro exclusivo interés. La llegada de flujos masivos al territorio de otros países causa un impacto importante en lo económico, en lo social y en lo político. La llegada de venezolanos o de cualquier flujo masivo de personas tiene un costo elevado y genera problemas de distinta naturaleza. El Grupo de Lima y la OEA, entiendo, solicitan la ayuda de la comunidad internacional para elaborar planes conjuntos, para obtener recursos, para atender a esta población que migra.

—Los países receptores constantemente hablan de la crisis migratoria venezolana y muestran vocación para proteger a los migrantes, pero la mayoría de las veces esas iniciativas se quedan en el papel. ¿Qué hace tan difícil el cumplimiento de esos acuerdos?

Si, es cierto. De allí que se intentan esfuerzos conjuntos para enfrentar la realidad. El problema de la emigración o de la recepción de venezolanos no es el único problema que los países receptores tienen. Sus agendas se han visto alteradas por esta situación, pero tienen que afrontar sus propios problemas.

—En los últimos días se ha conocido de las condiciones adversas, y hasta paupérrimas, en que se encuentran solicitantes de asilo en Estados Unidos, México y Alemania, por ejemplo, en algunos casos aislados en ciudadelas-cárceles lejanas, incluso personas mayores y todos sin antecedentes penales. Si el mundo conoce lo que ocurre en Venezuela ¿es cónsono ese trato hacia los solicitantes de asilo?

Entiendo que esas situaciones son muy graves. Algunos países desconocen sus obligaciones y rechazan o limitan el acceso de los solicitantes de asilo violando incluso sus derechos humanos. Esos países las autoridades deberían esforzarse por insertarlos en la sociedad, esas son las normas y las recomendaciones del ACNUR y de los organismos del sistema de Naciones Unidas.

—En su criterio, ¿se está manejando bien el tema de la migración venezolana por parte de los Estados receptores, de la comunidad internacional? ¿Hacia dónde deberían ir enfocados los esfuerzos?

Diría que en general se ha expresado la solidaridad necesaria, excepto casos difíciles como lo ocurrido con Países Bajos (Aruba) y Trinidad y Tobago que prácticamente han cerrado el ingreso de los venezolanos y los han devuelto sin respetar sus derechos. La no devolución es el principio fundamental de la protección internacional y debe ser respetado siempre. Es una norma inderogable. Pero en general creo que ha habido una reacción favorable de los gobiernos de la región que se ajustan a sus políticas internas que no pueden descuidar. Debe haber mucha cooperación entre ellos pues el problema es de todos, y además las organizaciones internacionales ONU (ACNUR) y OIM y todos los demás, incluso la OEA, deben apoyar todas las gestiones no solamente en cuanto a políticas, sino a recursos financieros para afrontar esta crisis.

—Todo apunta a que estamos en año electoral en Venezuela. Los migrantes afrontan a diario grandes retos por subsistir y, además, ayudar a sus familiares en Venezuela. ¿Por qué es importante en medio de ese escenario hablarles y crear conciencia de su derecho al voto desde los países donde viven? 

Hay que hacer una campana muy seria para concientizar al venezolano que ha emigrado a ejercer su derecho al voto. Ellos son venezolanos y por lo tanto deben participar en las decisiones del país y por ahora se hace a través del ejercicio de este derecho. Por supuesto ello debe ir acompañado de presiones al régimen para que facilite la inscripción electoral en las oficinas consulares que han desmantelado. Deben abrir y poner a la orden sus oficinas para que los venezolanos se registren y voten.

—¿Qué elementos se necesitan para que ellos tengan garantizado el derecho al voto en el exterior?

Hay que forzar al régimen a que abra los consulados para que se registren, sin limitaciones, sin restricciones que por lo general presentan para impedir que los venezolanos voten. Y, sobre todo, a que levanten los obstáculos como por ejemplo la exigencia de documentos válidos que ellos mismos no renuevan o de la residencia legal que nada tiene que ver con el ejercicio de un derecho político tan importante como este.

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