7 septiembre, 2020

Violaciones a los DDHH de presos políticos liberados deberán ser parte del proceso de justicia transicional en Venezuela

El 31 de agosto pasado Nicolás Maduro ordenó la liberación de más de 100 presos políticos y personas exiliadas o perseguidas, dejando a más de 300 en prisión, entre ellos 22 mujeres. Estos venezolanos tenían desde meses hasta más de cuatro años privados de su libertad, muchos de ellos acusados de traición a la patria, instigación al odio, instigación a la rebelión, atentados, conspiración, entre otros delitos. Fueron detenidos y sometidos a innumerables torturas físicas y psicológicas que constituyen graves violaciones a sus derechos humanos.

En torno a estas liberaciones surgen varias preguntas, unas de carácter jurídico, otras políticas, muchas simplemente humanas: ¿puede indultarse a quien ni siquiera tenía una presentación ante un juez ni conocía el delito por el cual fue apresado y aun así pasó años preso?; ¿qué pretende el régimen a cambio de estas liberaciones?, ¿hay garantías de que no los volverán a encarcelar o a perseguir? Sin duda que estas liberaciones fueron regocijo de todo el país, pero no es una libertad definitiva, ni las de ellos ni la de ningún otro venezolano, menos aún si aparece un jerarca del régimen a amenazar con la “justicia” al indicar que no “empiecen a inventar”. Se trata de una amenaza a toda la sociedad en un país que no tiene sistema de justicia, una amenaza que se desliza siempre en el rostro de quienes tienen la fuerza de las armas y la debilidad de la razón.

Ante ello se hace imprescindible establecer la verdad de los hechos detrás de las violaciones a los derechos humanos sufridas por cada uno de los presos que fueron liberados y las de aquellos que aún están tras las rejas. Es necesario documentar estos hechos por cuanto al proceso de justicia transicional que se impondrá más temprano que tarde en nuestro país le corresponderá identificar a los responsables de esas violaciones de derechos humanos y ordenar la reparación de los daños ocasionados, aunque muchos sean de difícil o imposible reparación, para evitar que haya impunidad.

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