Violaciones de principios y derechos de un régimen sanguinario

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet describe y prueba con cifras, una verdadera galería del horror. En Venezuela no solo se violan los derechos civiles y políticos, también se violan los derechos sociales, económicos, culturales, tanto individuales como colectivos, destacando el rol perverso de las Fuerzas Armadas.

Todas las dimensiones de la dignidad humana están impactadas por el abuso, la arbitrariedad, la corrupción, el desvío de recursos, el incumplimiento de las obligaciones fundamentales del “gobierno”, las cuales son irrenunciables aún por motivos económicos, cuya responsabilidad corresponde al régimen político de facto: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, represión, violaciones sistemáticas y horrendos crímenes y delitos. Como consecuencia de esto, el patrón de las violaciones que afectan directa e indirectamente todos los derechos humanos tienen su concreción en las violaciones al derecho a la vida, a la alimentación, a la salud a un salario digno, a la protección de género, a la inmunidad de domicilio, al derecho a la libertad, a la comunicación independiente, a vivir en familia, a asociarse con otros para defender los derechos humanos, a la protección de nuestros bienes, a la libertad de expresión y de opinión, a la igualdad y a la no discriminación, a un juicio justo, a la violación de los derechos de los pueblos indígenas, sin agotar las referencias a otras categorías de violaciones contenidas en el Informe.

Ahora bien, estas violaciones a los derechos humanos perfectamente documentadas en el informe presentado por Bachelet son producto de las violaciones a la institucionalidad democrática desmantelada, a la erosión del Estado de Derecho, al menoscabo de los principios de supremacía de la Constitución, la falta de separación de poderes, de legalidad y responsabilidad, a los valores superiores del ordenamiento jurídico; a la vulneración sistemática del valor de la justicia, la falta de independencia del Poder Judicial, la militarización de las instituciones del Estado, a la violación de la inmunidad parlamentaria, todo lo cual exige implantar el derecho de todo venezolano, hasta ahora negado, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la investigación de las violaciones de sus derechos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll Up