Legislación y derechos

Once organizaciones reclaman una evaluación transparente e independiente para renovar el TSJ de Venezuela

Once organizaciones de derechos humanos y justicia pidieron el 18 de noviembre de 2026 que la selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se rija por el mérito, la idoneidad, la independencia y la paridad de género. Sus...

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Una convocatoria con 1.343 postulaciones

El Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) recibió 1.343 candidaturas para los distintos cargos de la convocatoria, según anunció el 19 de noviembre su presidente, el diputado Giuseppe Alessandrello. La cifra incluye las postulaciones al TSJ, a la Inspectoría General de Tribunales y a la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura, no solo las destinadas al máximo tribunal.

La convocatoria se abrió el 28 de octubre de 2026 y comprende la renovación de los 32 magistrados principales del TSJ, además de la elección de los responsables de las otras dos instituciones. El plazo terminó el miércoles 18 de noviembre, después de que el CPJ anunciara el día 11 una prórroga de siete días.

Según Eldiario, estaba previsto publicar los nombres de los aspirantes al TSJ el viernes 20 de noviembre, tanto en un periódico de difusión nacional como en las redes sociales de la Asamblea Nacional. Esa publicación dará inicio a los 15 días hábiles de impugnaciones que establece el artículo 71 de la Ley Orgánica del TSJ. Después, el comité contará con ocho días para determinar quién cumple los requisitos y con otros tres para resolver las respuestas de las personas cuestionadas.

Los cambios que valoran los firmantes

El comunicado, difundido por WOLA y fechado en Caracas el 18 de noviembre, reconoce avances respecto a anteriores designaciones: la intervención de distintos sectores políticos y de la sociedad civil, un calendario público y un Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos con mayoría de integrantes independientes. También destaca la publicación del baremo de evaluación, aunque advierte de que aún deben corregirse aspectos del procedimiento.

Acceso a la Justicia sitúa el origen de esta renovación en los acuerdos de la Mesa de Diálogo, instalada el 6 de agosto de 2026. De ellos surgieron la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ y la conformación del CPJ. Antes se había anulado otro proceso de selección, abierto entre mayo y junio de ese año.

El comité tiene 23 integrantes: los 11 diputados que constituyen la Comisión Preliminar y 12 representantes de la sociedad civil. Esta distribución procede de la modificación del artículo 65 de la ley, publicada el 15 de septiembre de 2026 en la Gaceta Oficial n.º 7.074 extraordinario.

Por su parte, el Consejo de Verificación reúne a siete expertos. La representación de la Asamblea Nacional de 2015 designó a cuatro y la oficialista, a tres. Según Acceso a la Justicia, este órgano fue creado mediante un acuerdo de la Mesa de Diálogo y no está contemplado en la Ley Orgánica del TSJ.

Requisitos antes que puntuaciones

Las organizaciones dirigen sus propuestas al CPJ, al Consejo de Verificación, a la Asamblea Nacional y a la Mesa de Diálogo. Consideran que pueden aplicarse dentro del calendario vigente y que permitirían ajustar la evaluación a la Constitución y a los estándares internacionales: criterios objetivos conocidos de antemano, decisiones motivadas, control ciudadano y mecanismos de impugnación, con el mérito como eje de la selección.

Una de sus peticiones centrales es separar la comprobación de los requisitos de acceso de la puntuación de los méritos. Primero habría que acreditar el cumplimiento del artículo 263 de la Constitución, precisando las exigencias de cada vía de acceso y de la sala a la que aspire cada candidato. Solo después se asignarían los puntos, de modo que una nota elevada no pudiera compensar la falta de un requisito obligatorio. Los firmantes señalan que el Consejo de Verificación puede desempeñar un papel clave en esa revisión.

El baremo vigente, publicado por el CPJ el 2 de noviembre, permite obtener hasta 100 puntos entre formación académica, docencia, trayectoria profesional, experiencia jurisdiccional y entrevista. Acceso a la Justicia afirma que es la primera publicación de estos criterios en 27 años.

Los firmantes proponen revisar esa escala para que los mínimos exigidos sean la base de la evaluación y la experiencia adicional reciba una puntuación superior. Piden, además, valorar la carrera judicial conforme al artículo 255 de la Constitución y reconocer de manera equilibrada el ejercicio profesional independiente y la docencia.

Para hacer posible el escrutinio público, solicitan que se divulguen el reglamento de funcionamiento del CPJ, los currículos de, al menos, quienes superen la comprobación inicial y las puntuaciones de la revisión de credenciales. Vinculan esa información con la confianza en el procedimiento y con la posibilidad de presentar impugnaciones fundadas.

Independencia política, integridad y paridad

La independencia respecto de los partidos, sostienen las organizaciones, debe existir antes de presentar la candidatura. A su juicio, no basta con renunciar a una formación o a un cargo público ejercido en su nombre después de postularse, de ser preseleccionado o de recibir el nombramiento.

Por ello, reclaman que el CPJ y el Consejo de Verificación publiquen previamente criterios objetivos y precisos sobre afiliaciones, cargos partidistas y funciones políticas relevantes. También piden exigir declaraciones proporcionadas de vínculos e intereses, sin excluir a aspirantes por actividades lícitas que supongan un riesgo bajo para la imparcialidad judicial ni por su labor legítima en defensa de los derechos humanos.

La evaluación de la idoneidad, la integridad y la buena conducta debería examinar la ética, la imparcialidad y la trayectoria profesional de cada persona a partir de fuentes fiables y verificables. Los firmantes exigen respetar el debido proceso, incluido el derecho a conocer y rebatir cualquier señalamiento, y fijar reglas claras para las comprobaciones de antecedentes, los exámenes de salud mental y las revisiones de reputación digital. Nadie debería quedar excluido por sus opiniones o por su trabajo legítimo en derechos humanos.

Al mismo tiempo, proponen excluir expresamente a quienes sean responsables de violaciones de derechos humanos documentadas por mecanismos internacionales de protección u organizaciones de derechos humanos. Esa exclusión, señalan, debe aplicarse de oficio, aunque nadie haya impugnado la candidatura.

La paridad de género es otra de las garantías que reclaman para todo el proceso. Plantean integrarla con el mérito y la idoneidad para asegurar una representación equilibrada en la composición final del TSJ.

Entrevistas abiertas e impugnaciones con respuesta pública

En las entrevistas, las organizaciones piden publicar de antemano los criterios de evaluación y sus indicadores específicos y diferenciados. También reclaman paneles equilibrados, con suficiente presencia de evaluadores políticamente independientes. Las sesiones deberían emitirse en directo o, como mínimo, admitir participación pública, además de permitir la participación virtual.

Esas entrevistas, añaden, deben servir para examinar los antecedentes personales de los candidatos y detectar posibles situaciones impropias, conflictos de intereses o riesgos de favoritismo y parcialidad desde la perspectiva de un observador razonable.

En cuanto a las impugnaciones ciudadanas, solicitan plazos claros y suficientes y un cauce para aportar información fiable incluso cuando no exista una condena penal. El objetivo es evaluar la integridad y la independencia de los aspirantes y evitar la incorporación de personas implicadas en violaciones graves de derechos humanos. Cada candidato debe poder conocer y responder a los cuestionamientos, y cada impugnación debe recibir una resolución motivada y pública.

Las organizaciones que respaldan la petición

Los firmantes consideran que la renovación ofrece una oportunidad largamente esperada para empezar a recuperar la independencia judicial en Venezuela. Por ello, instan a las autoridades responsables a conducir las próximas fases conforme a las garantías constitucionales e internacionales de transparencia, objetividad, participación ciudadana y paridad, con nombramientos basados en el mérito, la idoneidad y la independencia.

Suscriben el documento Acceso a la Justicia, AlertaVenezuela, Aula Abierta, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Caleidoscopio Humano, Espacio Público, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Ideas por la Democracia, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Derechos Humanos Robert C. Ethel Kennedy.