Relaciones internacionales

EE UU negocia un marco para sus tropas en Venezuela sin un gobierno electo en Caracas

El Departamento de Estado negocia un acuerdo que permitiría una presencia militar estadounidense a largo plazo en Venezuela, según The New York Times, aunque niega que haya conversaciones sobre bases. En un artículo publicado en Foreign Policy In Focus...

lake-js0q07f5ksq8c0q94u7grafy-07e5e221-95ac-4a6e-8158-8a10b69153e9-0.webp

Un marco militar sin calendario electoral

La negociación salió a la luz el 3 de noviembre, un día después de que Oliver Blanco, recién nombrado ministro de Exteriores venezolano, se reuniera con Marco Rubio en Washington. Según The New York Times, el pacto establecería el marco jurídico de una presencia militar prolongada, mientras que el número de efectivos y sus ubicaciones quedarían para acuerdos posteriores.

El comunicado de aquella reunión no mencionaba a los militares. Recogía las reformas electorales, la situación de los presos políticos y el plan de tres fases de la presidencia estadounidense: estabilización; recuperación económica y reconciliación; y, por último, transición democrática.

Khalid cuestiona que las autoridades interinas puedan asumir ese compromiso sin respaldo electoral, después de que tropas estadounidenses capturaran al presidente venezolano el 3 de enero. Delcy Rodríguez no ha fijado una fecha para las elecciones. Associated Press señala que su mandato expiró en julio de 2026 y que no hay comicios programados.

Trump sostiene que Venezuela aún no está preparada para votar. María Corina Machado, que ha regresado tras diez meses de exilio, pide elecciones presidenciales para julio. Mientras tanto, el 16 de noviembre, docentes, personal de enfermería y sindicatos universitarios secundaron un paro nacional de 12 horas. Reclamaban un pago de fin de año de 960 dólares al que el Gobierno no había dado respuesta, en un país con un ingreso mínimo mensual de 240 dólares. Khalid contrapone esas demandas pendientes con la negociación del estatuto de los soldados extranjeros.

Qué cubre el acuerdo y qué quedaría pendiente

El Departamento de Estado afirma haber negociado acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas, conocidos por las siglas SOFA, con más de 100 países. Estos instrumentos proporcionan un marco jurídico para visitas de buques, actividades de entrenamiento y ejercicios militares. También insiste en que no está negociando bases en Venezuela.

El propio Khalid reconoce que se trata de instrumentos habituales y que la mayoría regula ejercicios, no ocupaciones. Su objeción se centra en las condiciones venezolanas: una autoridad sin mandato electoral negociaría con el país que capturó a su presidente y cuyo Departamento de Defensa tiene ahora intereses en su petróleo. A su juicio, el resultado podría consolidar una relación de protectorado antes de que la población pudiera pronunciarse.

El autor advierte, además, de que el marco inicial dejaría para acuerdos posteriores decisiones esenciales sobre efectivos, emplazamientos y duración. Sostiene que esos compromisos no pasarían por el voto de una legislatura venezolana elegida ni del Senado estadounidense.

La cooperación militar ya está en marcha

Las conversaciones se producen después de varias operaciones con participación estadounidense. El 30 de octubre, drones y helicópteros venezolanos atacaron un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Apure, junto a la frontera colombiana. Cuatro funcionarios estadounidenses dijeron a The New York Times que Washington había aportado inteligencia y apoyo con drones. FundaRedes contabilizó 23 víctimas.

Según InSight Crime, el campamento albergaba un laboratorio de procesamiento de drogas y entre los fallecidos había venezolanos, colombianos y mexicanos. La misma organización recuerda que el ELN fue uno de los primeros grupos criminales latinoamericanos incluidos por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, en 1997.

En junio, un ataque aéreo del Comando Sur mató a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, uno de los fundadores del Tren de Aragua. La operación contó con inteligencia de la CIA y participación de fuerzas venezolanas. Según Wikipedia, la banda se fundó en 2014 en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, y extendió su actividad por América Latina y Estados Unidos aprovechando la crisis migratoria venezolana, con miembros que actuaban como civiles.

También en junio, tras los terremotos, unos 2.000 militares estadounidenses se desplegaron en Venezuela y sus alrededores, aunque después se retiraron. La embajada estadounidense, reabierta en Caracas, ya dispone de un agregado militar. Khalid sitúa estas actuaciones en el contexto de un ejército venezolano que durante años había dado cobijo a guerrillas y que ahora las bombardea.

Una concesión petrolera de cien años

El interés petrolero ocupa un lugar central en el argumento de Khalid. En septiembre, Washington anunció un acuerdo que le daba participación en aproximadamente una quinta parte de los recursos petroleros venezolanos. Caracas concedió a North American Blue Energy Partners, la sociedad del empresario petrolero Alejandro Betancourt, derechos durante 100 años sobre 17 campos con 65.000 millones de barriles de reservas probadas, según las cifras del acuerdo.

El Pentágono posee el 35 % de esa empresa. Washington tiene, además, garantizada la opción de comprar a precio de coste una quinta parte de su producción. Khalid interpreta que una concesión de esa duración, con participación del Departamento de Defensa, crea un interés en mantener protección militar. Recuerda también que Trump describió la actuación estadounidense como una conquista de Venezuela el mismo 2 de noviembre en que Blanco visitó Washington.

Las cifras petroleras han sido cuestionadas. En un análisis de Associated Press difundido el 22 de octubre de 2026, media docena de expertos estimaban las reservas probadas reales del país entre 60.000 y 120.000 millones de barriles, aproximadamente un tercio de los 303.000 millones declarados oficialmente. También consideraban inflados los 65.000 millones de barriles asociados a la concesión.

Guantánamo como precedente

Para ilustrar cuánto puede perdurar un acuerdo militar firmado bajo tutela, Khalid recurre a Cuba. En 1901, la isla tuvo que aceptar la Enmienda Platt como condición para la salida de las fuerzas estadounidenses. Según los historiadores del Departamento de Estado, sus disposiciones incluían la venta o el arrendamiento de terrenos para estaciones navales. El arrendamiento de Guantánamo se formalizó en febrero de 1903.

Estados Unidos derogó la enmienda en 1934, pero mantuvo el arrendamiento y la base sigue operativa. Según Wikipedia, el tratado cubano-estadounidense de ese año hizo permanente el arrendamiento salvo acuerdo de ambos gobiernos para rescindirlo o abandono de la base por Estados Unidos. Fijó asimismo un pago anual de 4.085 dólares, equivalente a los 2.000 dólares en monedas de oro establecidos en 1903.

La comparación de Khalid apunta a esa diferencia de duración: las condiciones de la tutela política cambiaron, pero el compromiso militar sobrevivió a quienes lo habían firmado.

Las medidas que Khalid plantea al Congreso

El autor dirige sus propuestas a las mayorías demócratas que ganaron ambas cámaras del Congreso el 3 de noviembre. La primera es exigir el texto de la negociación. Funcionarios del Departamento de Estado informaron a algunos asesores parlamentarios a finales de octubre, pero Khalid considera insuficiente esa sesión como mecanismo de supervisión.

La segunda consiste en tramitar el pacto como tratado. Aunque los acuerdos sobre bases y estatuto de las fuerzas suelen adoptar la forma de acuerdos ejecutivos, Khalid defiende una excepción para Venezuela: considera que una presencia militar sin plazo definido, en un país atacado por Estados Unidos diez meses antes, debe contar con el respaldo de dos tercios del Senado.

La tercera propuesta es presupuestaria: prohibir la financiación de cualquier presencia permanente hasta que un gobierno venezolano elegido ratifique el acuerdo. A juicio del autor, esa limitación no privaría a Washington de nada que necesite este año, pero sí retiraría a la concesión petrolera su garantía armada, por lo que prevé la oposición de la Casa Blanca.

El siguiente hito es la constitución del nuevo Congreso en enero. Khalid advierte de que, si Rubio firma antes, una mayoría saliente y un interlocutor venezolano no elegido habrán cerrado el marco entre ambos. Su alternativa es esperar al voto del Senado y a un gobierno electo en Caracas, sin descartar que el pacto pueda aprobarse después.